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Los veterinarios de León siguen en pie de guerra contra el Real Decreto 666/2023 que se ha convertido desde principios de este año en un verdadero quebradero de cabeza para clínicas, profesionales y propietarios. Este decreto, que «criminaliza» a los veterinarios y «limita» su criterio profesional, volverá a sacar a la calle este domingo al colectivo en 37 ciudades de toda España para exigir su derogación y una reunión directa con los ministros de Sanidad y Agricultura.
El Colegio de Veterinarios de León ha sido el escenario este miércoles del anuncio de una nueva movilización del colectivo que en la provincia suma cerca de 90 clínicas, unos 1.050 colegiados y donde cada promoción salen egresados aproximadamente unos 85 veterinarios de la Universidad de León.
Abría el turno de intervenciones el presidente del Colegio, Luciano Díaz, que recordaba que esta movilización prevista para el domingo 8 de junio sigue la estela de actos precedentes frente a la «innación» por la nueva legislación sobre el uso de medicamentos y antibióticos que «genera perjuicios para los animales, las personas y el medioambiente».
Tanto este Real Decreto como el sistema Presvet que «impone una burocracia que no existe en ningún otro país de Europa» es el objetivo de las protestas ya que, asegura el colectivo, «impide tratamientos personalizados, retrasa la atención adecuada y genera medicamentos sobrantes que alimentan el mercado negro».
Una realidad que según Blanca Blanco, presidenta de Ceve en León, la patronal de las clínicas veterinarias, no está llegando de forma directa a los propietarios de las mascotas porque los propios profesionales lo están amortiguando. «El problema de esta ley es que no podemos prescribir medicamentos en general. Nos están prohibiendo hacer esto y muchos animales que ahora mismo están estabilizados no lo estarían si nosotros no incumpliéramos la ley todos los días, cosa que hacemos», exponía tajante la representante de las clínicas.
Día a día los profesionales están saltándose la norma en una situación «que genera una inseguridad jurídica que no tememos por qué asumir». «Amamos a los animales, nos dedicamos a esto porque queremos, pero no es posible que tengamos que estar delinquiendo para poder tratarlos», seguía Blanco, reconociendo que por estas prácticas los veterinarios se están exponiendo a consecuencias «gravísimas» y sanciones «altísimas». «Estamos trabajando de mala manera porque no podemos tratar a los animales como nos han formado con esta ley. Damos más valor a la vida de los animales que al riesgo de sanción».
Según la representante, esta «ansiedad» a la que se están enfrentando ha derivado ya en «tres suicidios» de compañeros y un incremento del síndrome de burnout -estado de agotamiento mental, emocional y físico de profesionales por estrés laboral crónico- en toda la profesión. Blanco insiste: los propietarios «no están sufriendo esta ley porque son las clínicas quienes nos estamos comiendo el no aplicarla. No la aplicamos porque no queremos matar a los animales que atendemos».
El Real Decreto impide a los profesionales prescribir y dispensar medicamentos acogiéndose a la protección de la resistencia a los antibióticos. Según la veterinaria, esto es «completamente absurdo» porque es precisamente en eso en lo que «se forma a los profesionales, en usar los antibióticos cuando hay que usarlos en la medida correcta».
La misma postura la defendía la decana de la Facultad de Veterinaria de León, María Teresa Carbajo, que insistía en que el título de veterinario es de ciencias de la salud y por lo tanto, profesionalizante. «Los egresados están capacitaros para saber qué fármaco usar, cuándo es necesario y atendiendo a criterios profesionales ya que cuentan con una formación ética y responsable». Para la decana, este real decreto «demuestra el profundo desconocimiento que el legislador tiene de la profesión».
También es así para los propios estudiantes. David González, presidente del Consejo Nacional de Estudiantes de Veterinaria Conevet, recordaba que ha sido todo el colectivo, en su conjunto, quien ha «saltado» frente a este decreto que «impide a los veterinarios aplicar los conocimientos adquiridos» en lo que considera un «menosprecio» a la profesión.
Bajo esta premisa el colectivo saldrá a la calle este domingo 8 de junio en una manifestación que partirá de San Marcos a las 11.00 horas para concluir en el parque de San Francisco, patrón de los veterinarios, donde se leerá un manifiesto. Manuel Martínez, presidente de la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios Fesvet, hace un llamamiento a todos los veterinarios, propietarios de mascotas y profesionales para acompañarles en esta concentración que reclama una atención directa de los ministros implicados. «No nos han dedicado ni 10 minutos, y merecemos una atención directa».
A la espera de que este paso se produzca, ya trabajan en una iniciativa popular legislativa en la que esperan recoger las suficientes firmas en las clínicas veterinarias para poder presentarla y que el eco social de la protesta llegue a modificar el real decreto.
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